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Su barrio, abandonado por la policía en 2017, ha sido manejado por pandillas. En los últimos meses se habían producido algunos enfrentamientos, pero ninguno como el que llevó a Inés (nombre ficticio: ella, como otras personas que aparecen en este artículo, pidió el anonimato por temor a represalias) a huir de su casa en medio de un tiroteo.
Inés y otras 11 familias vivían en un preescolar abandonado. Cuando la policía entró en la Cota 905 el 7 de julio, los miembros de la banda dijeron a Inés y a sus vecinos que podían irse o esconderse, que iban a utilizar la escuela como punto de fuego. Los enfrentamientos llevaban ya 12 horas.
La Cota 905 había estado durante mucho tiempo bajo el control de una banda, dirigida por Carlos Luis Revete, conocido como El Koki. Un acuerdo de 2017 con el gobierno la había nombrado “Zona de Paz”, lo que significa que la policía la abandonó, dejando a los residentes que se encargaran ellos mismos de la vigilancia. El gobierno del presidente Nicolás Maduro esperaba que la estrategia ayudara a reducir la violencia; en cambio, Revete aprovechó el tiempo para consolidar su poder, armar mejor a sus combatientes y expandirse a otros barrios.
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En un nuevo informe publicado el jueves, el equipo de la ONU encargado de investigar la situación de los derechos en Venezuela denunció una grave falta de independencia judicial en el país, al tiempo que detalló cómo las deficiencias del sistema de justicia han permitido que ciertas violaciones, incluido el uso de la tortura, continúen con impunidad.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, poniendo en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, declaró Marta Valinas, que preside la misión de investigación de la ONU.
El equipo fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar una serie de presuntas violaciones en el país sacudido por la crisis, donde el presidente Nicolás Maduro enfrenta acusaciones de reprimir la disidencia.
“Nuestra última investigación encontró motivos razonables para creer que, bajo la intensificación de la presión política, los jueces y fiscales han … jugado un papel importante en las graves violaciones y crímenes contra los opositores reales y percibidos cometidos por varios actores estatales en Venezuela”, dijo Valinas en un comunicado.
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El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación gubernamental, dijo a la prensa el sábado que las dos partes estaban trabajando para llegar a acuerdos, pero los funcionarios no proporcionaron información sobre la naturaleza de los acuerdos y una fuente de la delegación de la oposición dijo a la AFP que “hasta ahora no se ha acordado nada”.
La oposición espera utilizar las conversaciones que se celebran en Ciudad de México para asegurar garantías de elecciones regionales libres y justas que se celebrarán en otoño, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro quiere aliviar las sanciones internacionales a su nación económicamente paralizada.
Las negociaciones tienen una agenda de siete puntos, que incluyen la flexibilización de las sanciones, los derechos políticos y las garantías electorales, pero no la salida de Maduro, acusado por la oposición de una reelección fraudulenta en 2018.
El Gobierno está “muy atento” a todas las garantías económicas que han sido “arrancadas, bloqueadas, robadas, retiradas al pueblo de Venezuela”, dijo Rodríguez, y añadió que Maduro busca un levantamiento parcial, si no total, de las sanciones a cambio de concesiones a la oposición.
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Diecisiete países acogen a cerca del 80% de los venezolanos (aproximadamente 4,5 millones) en toda América Latina y el Caribe, lo que ha provocado la mayor crisis de desplazamiento externo de la historia reciente de América Latina.
Los refugiados y migrantes que se ven obligados a salir de Venezuela utilizan diversas rutas para llegar a su destino, como la terrestre, la aérea y la marítima, poniendo a veces sus vidas en peligro. También hay más personas que toman rutas marítimas que en años anteriores, tomando rutas marítimas cortas hacia las islas vecinas del Caribe.
