La ley general para la defensa de consumidores y usuarios

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Los servicios ofrecidos por MARE TERRA 2003 S.L en esta web se regirán por las condiciones contenidas en este contrato. MARE TERRA 2003 S.L se reserva el derecho a modificar, total o parcialmente, estas condiciones generales, siendo de aplicación las nuevas que acuerde desde el momento de su publicación en la página. En cualquier caso, las citadas modificaciones no tendrán efectos retroactivos sobre los bienes o servicios previamente contratados por los usuarios.

Las presentes Condiciones Generales vinculan a ambas partes y forman parte integrante e inseparable del contrato de compraventa cuya eficacia opera en el momento de la suscripción del pedido a petición del cliente, a través de los mecanismos de contratación que se especificarán posteriormente, todo ello de conformidad con el art. 1.255 del Código Civil que recoge el principio de autonomía de la voluntad y los acuerdos entre las partes contratantes. A todos los efectos, se entenderá que el usuario acepta las condiciones y normas de uso aquí expuestas pulsando el botón “Aceptar” que se encuentra al final de este documento.

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Idioma original Título: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Para la identificación de las normas a refundir de protección de los intereses de los consumidores y usuarios se ha tenido en cuenta la lista que figura en el Anexo de la Directiva 98 /27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa al cese de las normas a efectos de la refundición, en la que se identifican las disposiciones comunitarias en materia de protección de los consumidores y usuarios y, en consecuencia, las normas de transposición respecto de las cuales es necesario examinar la procedencia de su incorporación al texto refundido.

Analizadas en el Anexo de la citada directiva, se integran en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias las normas de transposición de las directivas comunitarias que, a la luz del derecho del Tribunal de Justicia del Parlamento Europeo, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia determinadas modalidades de contratación con los consumidores, a saber: los contratos celebrados a distancia y los celebrados fuera del establecimiento comercial.

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La amplia y compleja economía de Estados Unidos ofrece tal vez el mayor potencial de productos y servicios de la historia, pero esas oportunidades conllevan el riesgo de estafas, fraudes y robos descarados. El principio de caveat emptor o “cuidado con el comprador”, en la jerga moderna, sigue siendo tan válido como lo ha sido desde los albores del comercio. Sin embargo, en la economía actual, un consumidor puede ser víctima de un vendedor de bienes o servicios, de un banco, de un cobrador de deudas o de otra empresa que se aprovecha de su posición para cometer un engaño o un fraude. Hemos ideado formas, tanto en forma de derecho común como de leyes federales y estatales, para proteger los derechos e intereses de los consumidores.

La Ley de la Comisión Federal de Comercio (FTCA), promulgada por primera vez en 1914, es una importante ley federal de protección del consumidor. Creó la Comisión Federal de Comercio (FTC), encargada de aplicar las leyes antimonopolio y promover la protección de los consumidores. La Oficina de Protección del Consumidor de la FTC investiga las quejas de los consumidores en relación con las prácticas comerciales engañosas y otras violaciones de los estatutos de protección del consumidor.

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Asimismo, advierte que este concepto de consumidor vulnerable no está previsto únicamente a nivel europeo. Es decir, esta figura “ya ha sido regulada a nivel nacional, con anterioridad al RD 1/2021, a través de otras normas, como el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, en relación con el sector eléctrico”.

Tras fijar los antecedentes y en relación, ahora sí, con la reciente modificación normativa del pasado mes de enero, Vanesa señaló que “la reforma esencial es la del art. 3 que regula el concepto de consumidor vulnerable. Por otro lado, el resto de las modificaciones del Texto Refundido se realizan por la definición de este concepto y con el objetivo básico de adaptar el régimen de derechos de los consumidores vulnerables al ámbito de aplicación del Texto Refundido”.

“Se puede hablar de vulnerabilidad individual o de vulnerabilidad por pertenencia a un determinado colectivo. Asimismo, esta situación de vulnerabilidad, se dice expresamente, no tiene por qué ser general o indefinida. Es decir, también puede ser temporal o sectorial”, confirmó Álvarez Lata.